Del análisis realizado al artículo se concluye que la ciudadanía en Venezuela es todavía una utopía. El collage de oportunidades que ofrece el marco legal y los programas sociales, divulgados y promocionados desde el discurso oficial se contradice con la praxis de la política social. El venezolano no es ciudadano pleno, muchos están excluidos, el gobierno toma las decisiones y refuerza la dependencia a través de subsidios misioneros que tienen una contraprestación en votos. Los subsidios misioneros de acuerdo a España (2006: 55), no tienen contraprestación productiva y por lo tanto, solo se estarían atacando las consecuencias y no las causas de la pobreza y bastara una pequeña crisis fiscal para que la reducida pobreza estadística de hoy, vuelva a ser la pobreza real de antes.
En este sentido compiten con el PCP, que busca formar cuidadnos responsables y grupos solidarios mediante la cancelación oportuna de los prestamos recibidos. El balance social del año 2005 indica que las mejoras señaladas coexisten en una atmósfera de precariedad y de fragilidad, propia según Aponte (2006:1993), de la volatilidad económica que Venezuela ha experimentado reiteradamente en las últimas décadas y según España, mientras no se resuelvan las causas de la pobreza, semejantes logros no serán sustentables, será una ilusión y volverá a ser cierto que, la pobreza en Venezuela es atroz e injustificable en el sexto país exportador de petróleo del mundo.
Para superar la pobreza, crear capital social y formar ciudadanos plenos es necesario romper el círculo vicioso de la dependencia en el Estado, ahora reforzada por las misiones y otros programas sociales. Es necesaria una economía productiva e inclusiva, que viabilice para todos los venezolanos una vida con calidad. La política social puede aprender de la praxis del PCP y requiere además ser universal, inclusiva y abierta, tener orden e instancias de rectoría que permitan dar coherencia a la conjunción de los distintos programas.
Coincido con De la Barra (1998) cuando señala que se requiere una estrategia que promueva la participación, tarea aun pendiente en Venezuela, transformando las democracias representativas en democracias participativas; que combata las causas fundamentales de la pobreza y que desarrolle el recurso humano al invertir en la infraestructura física que cobija la actividad humana. Una estrategia que apoye a las economías locales generando empleos sostenibles, que actúe preventivamente apoyando a las comunidades y a las familias antes de que estas entren en riesgo, pasando así del alivio a la pobreza a la “garantía de los derechos ciudadanos”. En definitiva, una estrategia que fortalezca la gobernabilidad a todos los niveles, desde el local hasta el global.
El gran desafío es, siguiendo a Ziccardi, construir la democracia social en la cotidianeidad, a través de nuevas relaciones entre gobierno y ciudadanía. Para ello es un requisito fundamental crear nuevas formas de participación ciudadana que garanticen la inclusión de los intereses de la sociedad en los procesos decisorios de las instituciones gubernamentales. Esto es, restituir el carácter público a la acción gubernamental creando nuevas formas de gestión para atender la cuestión social, que en las ciudades corresponden a las instituciones encargadas de formular e implementar las políticas sociales. Es allí donde se instalan las principales bases para la construcción de una gobernabilidad democrática que sustente un nuevo estilo de gobierno y de gestión en las ciudades latinoamericanas (Ziccardi, 2001).
En este sentido compiten con el PCP, que busca formar cuidadnos responsables y grupos solidarios mediante la cancelación oportuna de los prestamos recibidos. El balance social del año 2005 indica que las mejoras señaladas coexisten en una atmósfera de precariedad y de fragilidad, propia según Aponte (2006:1993), de la volatilidad económica que Venezuela ha experimentado reiteradamente en las últimas décadas y según España, mientras no se resuelvan las causas de la pobreza, semejantes logros no serán sustentables, será una ilusión y volverá a ser cierto que, la pobreza en Venezuela es atroz e injustificable en el sexto país exportador de petróleo del mundo.
Para superar la pobreza, crear capital social y formar ciudadanos plenos es necesario romper el círculo vicioso de la dependencia en el Estado, ahora reforzada por las misiones y otros programas sociales. Es necesaria una economía productiva e inclusiva, que viabilice para todos los venezolanos una vida con calidad. La política social puede aprender de la praxis del PCP y requiere además ser universal, inclusiva y abierta, tener orden e instancias de rectoría que permitan dar coherencia a la conjunción de los distintos programas.
Coincido con De la Barra (1998) cuando señala que se requiere una estrategia que promueva la participación, tarea aun pendiente en Venezuela, transformando las democracias representativas en democracias participativas; que combata las causas fundamentales de la pobreza y que desarrolle el recurso humano al invertir en la infraestructura física que cobija la actividad humana. Una estrategia que apoye a las economías locales generando empleos sostenibles, que actúe preventivamente apoyando a las comunidades y a las familias antes de que estas entren en riesgo, pasando así del alivio a la pobreza a la “garantía de los derechos ciudadanos”. En definitiva, una estrategia que fortalezca la gobernabilidad a todos los niveles, desde el local hasta el global.
El gran desafío es, siguiendo a Ziccardi, construir la democracia social en la cotidianeidad, a través de nuevas relaciones entre gobierno y ciudadanía. Para ello es un requisito fundamental crear nuevas formas de participación ciudadana que garanticen la inclusión de los intereses de la sociedad en los procesos decisorios de las instituciones gubernamentales. Esto es, restituir el carácter público a la acción gubernamental creando nuevas formas de gestión para atender la cuestión social, que en las ciudades corresponden a las instituciones encargadas de formular e implementar las políticas sociales. Es allí donde se instalan las principales bases para la construcción de una gobernabilidad democrática que sustente un nuevo estilo de gobierno y de gestión en las ciudades latinoamericanas (Ziccardi, 2001).
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